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Apoyo y servicios

Después de una agresión sexual, puede ser útil hablar con personas que tienen experiencia de apoyar a sobrevivientes de violencia sexual

Los centros de ayuda para sobrevivientes de violencia sexual tienen líneas telefónicas de 24 horas, apoyo y acompañamiento médico, consejería y asesoria legal. Todos los servicios son gratuitos y confidenciales y se pueden utilizarles por sobrevivientes de 12 años de edad y mayores, sus familias y sus amigos.

Las salas de emergencia pueden ofrecer servicios médicos y forenses dentro de los primeros 5 días ó 120 horas después de una agresión sexual. En el hospital, le pueden atender las heridas y/o le pueden realizar un examen forense de violencia sexual.

Usted tiene derecho para realizar el examen sin importar si presenta una denuncia del delito a la policía o no.

La comisaría puede tomar su declaración sobre la agresión. Al dar su declaración a la policía, usted permite que realice la policía una investigación de la agresión.

La indemnización a la víctima puede ayudarle a cubrir ciertos costos como los gastos médicos, orientación o sueldo perdido como resultado directo de la agresión.

Es posible que haya recursos disponibles del campus si usted es estudiante de una escuela o universidad o si la agresión sucedió en el campus.

  • Puede que haya apoyo, orientación y recursos legales en su campus.
  • Mientras que la mayoría de las autoridades del campus están comprometidas a asegurar su bienestar, se ven obligadas a ser imparciales si el agresor es también un estudiante. Los centros de crisis del campus o el centro de ayuda para sobrevivientes de violencia sexual local pueden ayudarle entender este proceso.
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This project was supported by Grant #2009-WF-AX-0014 awarded by the Violence Against Women Grants Office, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice to the Massachusetts Executive Office of Public Safety & Security Office of Grants & Research and subgranted to the Boston Area Rape Crisis Center. Points of view in this document are those of the author(s) and do not necessarily represent the official position or policies of the U.S. Department of Justice or the Massachusetts Executive Office of Public Safety Programs Division.


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